La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinos y vecinas de Costa Pobre, anunció a través de redes sociales que la Justicia dictó una medida cautelar de no innovar y ordenó la suspensión inmediata de las obras que se venían realizando en ese sector ribereño del partido de Ramallo. La resolución llegó en el marco de una causa penal iniciada meses atrás y frena desmontes y movimientos de suelo vinculados al proyecto denominado por la ONG como “mal llamado Puerto Multimodal Ramallo”.

Según la publicación, el juzgado interviniente dispuso el cese total de actividades hasta que se presenten y aprueben las autorizaciones legales correspondientes. Entre ellas se mencionan la Declaración de Impacto Ambiental, exigida por la Ley Provincial Nº 11.723, y permisos previstos en la Ley Nacional 26.331 y la Ley Provincial 14.888 referidas a bosques nativos, además de otras habilitaciones provinciales y nacionales para emprendimientos industriales.

UPVA remarcó que la normativa ambiental vigente establece que la Evaluación de Impacto Ambiental debe incluir convocar a una Audiencia Pública previa a la aprobación del proyecto, como instancia de participación ciudadana. Sin embargo, sostienen que en Ramallo esa audiencia nunca fue realizada, por lo que la organización considera vulnerado el derecho de las comunidades a participar e informarse sobre decisiones que afectan su ambiente y calidad de vida.

El comunicado también advierte que la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental válido constituye una grave irregularidad administrativa y legal y responsabiliza al Municipio de Ramallo por permitir el avance de actividades sin los procedimientos exigidos por ley. La entidad denuncia que se incumplió el deber municipal de control y prevención frente a posibles daños ambientales.

La medida cautelar fue dictada tras una presentación realizada por UPVA junto a residentes de Costa Pobre, quienes vienen denunciando amenazas, hostigamientos y movimientos de suelo que califican como ilegales en un área considerada de alto valor ecosistémico por tratarse de bosque nativo y humedal, y donde existe una comunidad histórica.

La resolución judicial reconoció la gravedad de los hechos y el peligro en la demora, dando lugar a la cautelar en defensa del ambiente, los bienes comunes y los derechos de las familias que habitan la zona ribereña.

Para la ONG, el fallo representa un logro colectivo fruto de meses de trabajo comunitario, asesoramiento técnico y la decisión de recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas oficiales. “No puede existir desarrollo sin legalidad ni participación ciudadana”, plantearon, al tiempo que exigieron al Municipio garantizar los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública.

UPVA adelantó que continuará informando los próximos pasos del proceso judicial y ratificó su compromiso con la defensa del ambiente y los derechos de los habitantes de Costa Pobre.