El exintendente de Ramallo, Ariel Santalla, reconstruyó en detalle la evolución del vínculo entre el municipio y Siderar, en medio del conflicto que hoy mantiene la empresa con la administración local.

En sus declaraciones, repasó dos décadas de discusiones, acuerdos, reclamos y modificaciones sobre la tasa de Seguridad e Higiene, un tributo que –según relató– llegó a representar un tercio de los recursos municipales durante su gestión.

Santalla recordó que la relación con la compañía “siempre fue buena, aunque no exenta de tensiones”, marcadas por la lógica contrapuesta entre quien debe pagar un tributo y quien lo recauda. Al retroceder al origen del esquema vigente, describió cómo a comienzos de los años 2000 Siderar adelantaba varios meses de la tasa para que el municipio pudiera sostener su funcionamiento en plena crisis.

Esa dinámica cambió en 2002, cuando –según reconstruyó– la empresa pasó de evaluar el parate de su alto horno a exportar masivamente acero tras la devaluación.

Ese giro motivó al gobierno local a dejar atrás los adelantos y avanzar en una modificación de la fórmula de cálculo de la tasa. La propuesta –actualizar el salario base y reducir el divisor– desató un áspero debate técnico con abogados y contadores de la firma, aunque finalmente la ordenanza fue aprobada por el Concejo y la compañía terminó pagando.

El exintendente también señaló que, aun con momentos conflictivos, la empresa realizó aportes significativos, especialmente en el hospital municipal.

Sin embargo, diferenció aquel escenario del actual: “Hoy Siderar no está en la misma situación. El acero chino invade los mercados y no sé si esta planta sigue siendo prioritaria para el grupo”.

Recordó que las grandes inversiones recientes se concentraron en Brasil, lo que alimenta la preocupación sobre el futuro industrial local.

Consultado sobre la conveniencia de modificar nuevamente la fórmula, Santalla planteó su posición: avanzar hacia un esquema basado en ingresos brutos, similar al de Campana o San Nicolás, que considere la facturación de las empresas y no la cantidad de empleados. 

"Es más justo filosóficamente", afirmó, aunque reconoció que en un contexto recesivo podría implicar menor recaudación.

Sobre la licitación para cobrar la deuda, sostuvo que no se trata de una novedad, comparando la medida con sistemas de cobranza utilizados en otros municipios. Pero insistió en que “lo fundamental es recuperar el diálogo”, y remarcó que mientras exista una ordenanza vigente sancionada por unanimidad, la compañía debe cumplirla y luego recurrir a la Justicia si lo considera necesario.

Santalla advirtió además que el municipio necesita esos recursos para sostener salud, educación y servicios básicos. “Siempre hay que estar del lado del Estado”, expresó, señalando que el sistema sanitario demanda más del 35% del presupuesto.

Incluso marcó que en escenarios de emergencia económica, decisiones políticas –como la organización de fiestas municipales– deben ser evaluadas con prudencia para evitar lecturas sociales adversas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una maniobra política para “acorralar” al intendente Mauro Poletti, evitó afirmarlo pero señaló que parte del sector industrial hoy prefiere confrontar por tributos locales antes que discutir el impacto de la recesión, el consumo deprimido y la apertura importadora.

Cerró con un mensaje central: la resolución del conflicto depende de recomponer una mesa de diálogo. “Para bailar hacen falta dos. Es medio fulero bailar solo”, resumió.