Los hechos de violencia contra la Policía volvieron a instalarse en el centro del debate en Ramallo tras una seguidilla de episodios que, en menos de tres semanas, dejaron agentes agredidos, móviles dañados y numerosos casos caratulados como resistencia a la autoridad.

El director de Seguridad municipal, Lautaro Correa, expresó su inquietud en una entrevista con La Radio Ramallo: “Es alarmante. Llega un patrullero donde se está produciendo una pelea y automáticamente agreden a la policía”, resumió, marcando un patrón que —según dijo— se repite con creciente frecuencia.

Las estadísticas informales relevadas por este medio muestran una cronología casi calcada en las intervenciones policiales: disturbios, intentos de identificación, agresiones físicas contra los efectivos y posterior liberación de los involucrados en menos de 24 horas. “Hay personas que golpean a un agente y apenas están un día detenidas”, lamentó Correa, señalando que el punto crítico ya no es solo la cantidad de casos, sino la velocidad con la que los imputados recuperan la libertad.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 30 de noviembre, cuando múltiples llamados al 911 alertaron sobre una riña masiva en pleno centro. Al llegar al cruce de San Martín y Buenos Aires, la policía fue recibida con piedras y otros elementos contundentes. Para dispersar la agresión se realizaron detonaciones de postas de goma hacia un sector no poblado y se logró la aprehensión de una menor de 16 años, identificada entre quienes atacaban al personal. El informe oficial confirmó también daños en un móvil de la Jefatura —abolladuras en la parte trasera— producto de los impactos recibidos.

Otro hecho que causó conmoción tuvo lugar dentro de la sede de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo. Allí, un hombre de unos 65 años terminó detenido luego de golpear a una mujer policía que había intervenido para ordenar la salida de una ciudadana que estaba alterando el funcionamiento del edificio. La uniformada sufrió lesiones leves y el agresor quedó alojado en la comisaría hasta su comparecencia ante la fiscalía.

A estos episodios se sumaron en los últimos días varias aprehensiones por resistencia a la autoridad durante controles rutinarios. En Ruta 51 y en la Ruta 9, dos hombres —de 27 y 34 años, respectivamente— fueron detenidos tras tornarse violentos e insultar a los policías que intentaban identificarlos. En ambos casos, el juzgado dispuso notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y liberación bajo el artículo 161, un procedimiento que genera preocupación en la fuerza por su reiteración.

Durante el mismo período también se implementó un operativo conjunto por ruidos molestos y maniobras indebidas, que terminó con el secuestro de motocicletas y un cuatriciclo. Aunque este despliegue no derivó en agresiones, las autoridades locales destacaron que forma parte de un esfuerzo para ordenar el espacio público ante un escenario de creciente tensión.

El cúmulo de hechos volvió a poner en discusión la respuesta del sistema judicial y la capacidad de disuasión de las herramientas actuales. Para Correa, el diagnóstico es claro: “Si las cosas siguen así, hay que preguntarse si no hay que cambiar las leyes”. Mientras tanto, la policía suma intervenciones en un clima que, según reconocen desde la propia fuerza, se ha vuelto más hostil que en años anteriores.