La seguidilla de amenazas en escuelas que generó alarma en la comunidad educativa de Ramallo encendió también las alertas institucionales. Desde el Servicio de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SEDENA), su director, Santiago Cantero, confirmó que los hechos tienen origen en un “reto viral” que circuló en redes sociales y que derivó en intervenciones conjuntas con fuerzas de seguridad, autoridades educativas y la Justicia.

“En este caso se trató de un reto viral que se fue difundiendo en distintas comunidades”, explicó Cantero, quien detalló que la primera reacción fue articular con las escuelas y activar los protocolos correspondientes. “Pedimos que se realice la denuncia y a partir de ahí se conformó una mesa de trabajo para abordar la situación”, sostuvo.

El funcionario remarcó que no se trató de un episodio menor y que, más allá de la posible intención de broma, la situación encuadra en figuras penales. “La realidad es que constituye un delito. Puede ser una amenaza o generar conmoción pública; eso lo va a determinar la Justicia”, indicó. En ese sentido, confirmó que hubo derivación al Fuero Penal Juvenil y que se dispusieron operativos de prevención con presencia policial en los establecimientos afectados.

Uno de los aspectos que más preocupa es la edad de los involucrados. Según se desprende de la intervención, muchos de los estudiantes son menores de 15 años. “Es como vos lo decís, muchas veces no hay una real dimensión de las consecuencias. Pero no lo tomamos como un chiste, sino como un riesgo cierto”, afirmó Cantero.

En paralelo, el director del servicio local puso el foco en el contexto más amplio: el impacto de las redes sociales y la falta de acompañamiento adulto en el uso de la tecnología. “Esta nueva era digital nos atraviesa a todos y genera conflictos que nos obligan a estar más presentes. Hay que hablar con los chicos, ver qué consumen, cómo usan los dispositivos”, advirtió.

También hizo referencia al reciente cambio normativo en materia penal juvenil. “La nueva ley baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y va a entrar en vigencia en septiembre. No es para tomárselo a la ligera, porque la responsabilidad penal no es un juego”, señaló. Y agregó: “Estar privado de la libertad a tan corta edad es algo que debemos evitar; los chicos tienen que estar en la escuela y desarrollarse en entornos sanos”.

El abordaje de estas situaciones, según explicó, no puede recaer únicamente en el Estado. “Las instituciones no pueden solas. Necesitamos el trabajo conjunto con las familias y la comunidad”, subrayó. En esa línea, insistió en la importancia del diálogo cotidiano: “No es solo dejarles el celular. Hoy parece que un adolescente sin celular no vive, pero hay que estar presentes”.

Desde el SEDENA reconocen que este tipo de episodios se suma a un escenario social complejo. “Trabajamos en muchos casos de vulneración de derechos, algunos muy graves, y también vemos un aumento del consumo problemático en jóvenes”, indicó Cantero, quien además vinculó estas problemáticas con el contexto económico: “La pobreza es un agravante más”.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad a involucrarse activamente y a utilizar los espacios institucionales disponibles. “Que se acerquen, que consulten. Tenemos equipos de psicólogos y trabajadores sociales, y garantizamos confidencialidad”, remarcó.

Y cerró con una advertencia que sintetiza el momento: “Tenemos que tomar conciencia. Queremos que los chicos vayan a la escuela a estudiar y vuelvan a sus casas sanos. Para eso, el compromiso tiene que ser de todos”.