La suspensión dispuesta por la Aduana de China sobre el frigorífico ArreBeef encendió alertas en el sector cárnico y activó una respuesta inmediata del Gobierno nacional, que busca contener el impacto comercial y despejar dudas sanitarias.

El episodio se originó el jueves 19 de marzo, cuando la General Administration of Customs China informó la detección de cloranfenicol —un antibiótico prohibido— en un embarque de 22 toneladas de carne vacuna proveniente de la planta que la empresa posee en Pérez Millán.

A partir de esa notificación, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria puso en marcha un protocolo de investigación junto a la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de esclarecer el caso y sostener la credibilidad del sistema sanitario argentino. Desde el organismo destacaron que el país cuenta con estrictos controles y trazabilidad, que permiten seguir el recorrido del producto hasta su origen.

En ese marco, se abrió un proceso técnico para determinar cómo pudo detectarse la sustancia, prohibida en la producción ganadera desde 1995. Entre las primeras hipótesis, se barajan un posible “falso positivo” o la presencia de compuestos similares que hayan derivado en el resultado observado.

Mientras avanzan los análisis, las gestiones diplomáticas apuntan a dos objetivos centrales: acotar la sanción exclusivamente al embarque cuestionado y evitar que se vean afectados otros envíos en tránsito hacia el mercado chino. En paralelo, se busca levantar la restricción aplicada sobre la planta de Pérez Millán en el menor tiempo posible.

El antecedente más cercano se remonta a 2016, cuando un caso similar fue resuelto tras gestiones bilaterales que permitieron normalizar las exportaciones argentinas. En esta oportunidad, incluso no se descarta el envío de una delegación técnica a China para reforzar la defensa sanitaria.

Más allá del episodio puntual, el caso se inscribe en un contexto de mayor rigurosidad por parte del gigante asiático en sus controles a las importaciones agroalimentarias, en línea con señales hacia su mercado interno y sus productores.

En términos productivos, la situación no tendría un impacto estructural inmediato para la empresa, que cuenta con otra planta habilitada en Quilmes desde donde puede sostener sus exportaciones. Sin embargo, el foco está puesto en la planta de Pérez Millán, donde trabajan alrededor de 900 empleados y unos 400 operarios temporarios, en un escenario que ya venía mostrando una merma en el nivel de actividad.

Así, el desafío para las autoridades será resolver con rapidez el incidente, preservar el acceso a uno de los principales mercados para la carne argentina y evitar que un caso aislado escale en consecuencias mayores para toda la cadena exportadora.