Por Fernando Latrille
Se ha desatado una cacería. Asistimos impávidos al fin de la democracia si naturalizamos las detenciones realizadas en la madrugada contra dirigentes políticos de la oposición, del kirchnerismo, para ser más precisos.
Se necesita urgente una reacción popular. Estamos evidenciando el fin del Estado de Derecho que comenzó en Jujuy cuando el inmoral de Morales cooptando como ningún otro dirigente al poder judicial realizó la detención arbitraria de la dirigente social más importante del país y parlamentaria del Mercour Milagro Sala. Si eso era posible sin la debida reacción, todo lo que hoy nos desayunamos como aberrante, también podía pasar.
“La República”, eso que tanto decían quienes nos gobiernan venían a defender se redujo por sus acciones a la muñequita con la que juega esa diputada nacional. El poder judicial ha sido cooptado por Cambiemos para su propósito, que como se ve, es eliminar a la oposición.
Los votos que cosecharon en la elección de medio término parece ser la justificación para todo tipo de atropello que se evidencia en la propuesta de “reformas” enviada al Congreso que son verdaderos ajustes y pérdidas de derechos de los trabajadores activos y pasivos. Para eso el poder judicial debe dar muestra para disciplinar a cualquiera que tenga la osadía de oponerse y eso se logra cuando se instala con su nefasta acción que todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. La Constitución ha sido pisoteada.
Si la política toda no reacciona ante las brutales maniobras de un poder judicial que se siente impune y que responde sin dudas al deseo presidencial de Macri, pues bien, el juego peligroso no solamente lo pagarán quienes sufran las injustas detenciones sino aquellos que pensamos que la democracia debe ser ante todo el respeto a la ley, el respeto al debido proceso y a tener garantizado el Estado de Derecho.
Incongruencias
Una de las razones del por qué reímos es la incongruencia que se nos presenta cuando esperamos un desarrollo lógico de algo y la incongruencias es que viene algo totalmente inesperado. Y es ahí donde la triste realidad nos causa gracia, que al mismo tiempo es un espanto. No es que no esperábamos quienes analizamos la realidad que se produzca esta persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y demás dirigentes sino que lo inesperado, lo incongruente, sea aquí que el juez federal Claudio Bonadío, que fue apartado por encubrimiento en la causa AMIA, sea quien lleve adelante la cacería contra CFK por encubrimiento.
Bonadío fue denunciado por el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, el Fino Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento a la AMIA. En 2005 le quitaron la causa AMIA por ser “juez y sospechoso”. Años después, en 2010, sería denunciado por el fiscal Alberto Nisman por integrar una asociación ilícita junto al Fino Palacios y Carlos Corach.
Un delito que no es delito
El Estado Argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado por el Congreso Nacional, según expresa Bonadío el plan de encubrimiento constituiría el delito de “Traición a la Patria”. El supuesto delito tenía dos móviles: a) Hacer caer las notificaciones rojas sobre los acusados iraníes. b) hacer negocios con Irán. El memorándum no establecía en ninguno de sus puntos la caída de las alertas. El entonces jefe de Interpol Ronald Noble dijo: “lo que dice el fiscal Nisman es falso (…). Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas”.
La causa sostiene que el memorándum es parte de un acuerdo económico. Sin embargo el saldo comercial entre los dos países fue el más bajo en cinco años. No sólo son falsos los móviles del delito en la denuncia: faltaba el delito. El memorándum de entendimiento nunca entró en vigencia por la falta de aprobación en el Congreso iraní. Por lo tanto todo es un armado que es parte de un verdadero disparate escandaloso.
La falta de pruebas e inexistencia del delito por la que Bonadío realiza ahora la cacería fue desestimada por 5 de 7 jueces federales. Sin móvil ni delito, presentaron una denuncia sobre un hecho no judiciable: un acuerdo entre países.
La estrategia es una persecución judicial contra la líder más importante de la oposición y recién electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires con el objetivo de proscribirla políticamente. La maniobra la realiza quien fue dos veces denunciado por Nisman por encubrir el atentado, por intentar apartarlo de la investigación e incluso querer atentar contra su propia vida.
El juez puesto a dedo por Menem; el de la servilleta de Corach; el juez que disparó y mató a dos personas con una glock calibre 40; el de los vínculos con el Fino Palacios; el que sobrevivió a 50 denuncias en el Consejo de la Magistratura, es quien puso en riesgo la democracia con la brutal cacería de opositores inventando un delito inexistente. Todo parece una broma de mal gusto pero es una angustiante realidad que necesita una contundente reacción popular como respuesta y defensa de una democracia que día a día estamos perdiendo.
