Lejos de reprochar la apertura de la discusión a quien se sienta involucrado por una legislación tan importante que regulará el desarrollo de Ramallo de aquí a futuro, encontramos la lista de expositores tendenciosamente desproporcionada hacia aquellos sectores sociales que se beneficiarían con la instalación de puertos. Respecto a esto, según los planos que nos facilitaron las propias autoridades, el COUT saldría sin modificaciones respecto de la propuesta anterior, permitiendo entre otras cosas la cesión de la costa norte de Ramallo a los emprendimientos portuarios ya existentes como Dreyfus o PTP. Respecto a éste último, y a MOVIPORT, se nos informó en la reunión que "quedaban fuera de la discusión" por considerarlos hechos consumados. Es por ello que decimos, que se nos invita a estar de acuerdo con lo que ya decidieron de antemano, de ninguna manera el mencionado Consejo se trata de una institución consultiva y democrática.

Entendemos que el COUT será un documento fundamental que afectará la vida de todos quienes habitamos en el partido de Ramallo, y por tal motivo es crucial abrir el debate a la totalidad de la ciudadanía, aun cuando no participen de ninguna organización en particular, y a las instituciones de la sociedad civil, de manera tal que pueda expresar su opinión cualquier ciudadano de a pie que se encuentre preocupado por su futuro y el de su comunidad, ya que tal reglamentación regulará áreas tan importantes como la expansión futura de los centros urbanos, los espacios para el desarrollo turístico, las zonas rurales y las industriales.

Debemos poner el énfasis también, que pese a que el COUT se expide sobre áreas diversas del uso territorial, la mitad de los expositores que no pertenecen a un espacio político estén vinculados a la actividad portuaria o a la construcción de puertos. Esta sobrerepresentación es por demás de curiosa, ya que nos lleva a deducir que la necesidad de sancionar el ordenamiento territorial, está más orientada por los intereses de los empresarios portuarios que de los habitantes de Ramallo, de otra manera no se explican las ausencias de sectores tan importantes de la ciudadanía como los representantes de la salud, la educación, los clubes, el sector turístico, entre muchos otros, destacando además la imposibilidad de participar en calidad de ciudadano sin participar de ninguna organización.

Desde UPVA exigimos audiencias públicas, abiertas y vinculantes, tal y como lo exige la ley ante cada ordenanza de esta magnitud que se intente sancionar, donde a los expositores ya invitados, puedan sumar su voz todos aquellos que así lo deseen, sin importar el sector o lugar desde el que decidan hacerlo. El mencionado Concejo de Participación no es de carácter vinculante, ni tiene sustento legal, y pareciera funcionar más como un intento de legitimar un ordenamiento que nació sin licencia social. Los procedimientos administrativos regulares para la consulta pública determinan, entre otros pasos, la realización de las mencionadas Audiencias Públicas.