La polémica por el sistema de cobros previsto sobre el Acceso Sánchez de Ramallo llegó al Gobierno nacional. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó este viernes una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y reclamó la suspensión inmediata del esquema.

El planteo apunta a la Licitación Pública 3/25, mediante la cual el Municipio adjudicó a Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos sobre el ex Camino Provincial Ruta 87. Se trata de un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás, por donde circula transporte pesado vinculado a la actividad industrial y logística de la región.

Según la denuncia, el esquema contempla cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y otros $25.000 por vehículo para ingresar a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG. A estos valores se suma una tasa del 2% sobre cada litro de combustible, que el municipio aplica en las estaciones de servicio locales desde enero.

“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, sostuvo Cristian Sanz, presidente de FADEEAC. El dirigente advirtió que la implementación de mecanismos similares en otros municipios podría incrementar los costos logísticos y afectar el comercio interior y la competitividad de las empresas.

Preocupación en el sector industrial

El reclamo también fue acompañado por empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona. Más de un centenar de firmas expresaron su preocupación por la ubicación del puesto de control, al considerar que afecta el corredor habilitado para el tránsito pesado hacia complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás.

De acuerdo con estimaciones de las empresas, el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por compañía, dependiendo del nivel de actividad. El sector sostiene que ese impacto recaería directamente sobre los márgenes operativos de las firmas.

También existe preocupación por eventuales sanciones para las unidades que no adhieran al sistema, entre ellas multas o medidas sobre la mercadería transportada. Las empresas cuestionaron especialmente la posibilidad de que se genere un mecanismo de barreras económicas locales sobre un corredor de importancia regional.

Una concesión por 20 años

Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la concesión otorgada a la empresa privada. Según los pliegos de la licitación, el contrato tendrá una duración de 20 años y establece obligaciones vinculadas con el mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación.

FADEEAC sostiene que la recaudación proyectada sería desproporcionada frente a los costos de conservación del camino y cuestiona que los recursos ingresen a las arcas municipales, con una distribución del 50% para el concesionario privado.

La entidad argumentó además que el esquema podría vulnerar normas federales, entre ellas la Ley de Coparticipación Federal y la Ley Nacional de Combustibles. Por ese motivo, solicitó al Ministerio de Economía que impulse ante la Justicia una medida cautelar para suspender el sistema y reclamó finalmente la derogación de la ordenanza municipal.

El conflicto pone nuevamente al Acceso Sánchez en el centro de la discusión regional. En un corredor que concentra tránsito pesado, industrias y conexiones portuarias, transportistas y empresas advierten que los nuevos costos pueden trasladarse a toda la cadena logística del norte bonaerense.