En vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, la organización Orgullo Ramallo presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un pedido formal para que se avance en el tratamiento de dos iniciativas vinculadas a la ampliación de derechos y la protección de las personas frente a nuevas formas de violencia.

La nota, firmada por Antolín Pando, coordinador general de la organización y exconcejal de Ramallo, solicita el pronto despacho de un proyecto de ordenanza destinado a prohibir las denominadas "terapias de conversión" en el distrito y, además, el ingreso al orden del día de una nueva propuesta orientada a prevenir y sancionar la violencia digital.

El proyecto denominado “Programa Municipal de Prevención y Sanción de la Violencia Digital y Protección de la Intimidad” apunta a generar herramientas locales para combatir conductas como la difusión de material íntimo sin consentimiento, el hostigamiento digital, la obtención ilegítima de contenidos privados y la utilización de tecnologías de inteligencia artificial para manipular imágenes, videos o audios con fines de daño, extorsión o discriminación.

La iniciativa incorpora conceptos vinculados a fenómenos recientes como los denominados "deepfakes", estableciendo agravantes cuando estas tecnologías sean utilizadas para crear contenidos falsificados de carácter íntimo o sexual sin autorización de las personas afectadas.

Entre las medidas previstas, el proyecto contempla campañas de concientización, mecanismos de asistencia a las víctimas, capacitación en ciudadanía digital y un régimen de sanciones que incluye apercibimientos, multas e inhabilitaciones administrativas para quienes incurran en estas prácticas. También prevé sanciones específicas para funcionarios públicos que participen en conductas de este tipo.

Desde Orgullo Ramallo señalaron que la propuesta busca adecuar las herramientas municipales a nuevas problemáticas derivadas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo la protección de la privacidad, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

La organización consideró que el avance de estas iniciativas permitiría consolidar políticas públicas locales alineadas con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, en un contexto donde la violencia digital adquiere cada vez mayor relevancia social y jurídica.