Con durísimas críticas a la conducción partidaria bonaerense, dirigentes radicales de la Segunda Sección Electoral publicaron un comunicado en el que acusan a Miguel Fernández y Pablo Domenichini de haber entregado el partido a acuerdos cerrados con otros sectores. El conflicto escaló tras el cierre de listas, cuando se conoció que el radicalismo no podrá competir en varios distritos clave.

En un extenso documento dividido en tres páginas, la Unión Cívica Radical de la Segunda Sección Electoral bonaerense expresó su “más enérgico repudio” a lo que considera un atropello institucional por parte de las autoridades provinciales. La denuncia central es que se impidió la presentación de listas propias en la región, lo que dejó al partido sin posibilidad de competir en el ámbito local ni renovar bancas legislativas que estaban en juego.

Los dirigentes apuntaron directamente a Fernández y Domenichini, a quienes acusan de haber actuado “con deshonra” y de ejecutar una maniobra que favorece al espacio liderado por Manuel Passaglia. “Es una entrega total del partido”, sostiene el texto, que advierte que la estructura radical fue cedida sin consultar a los referentes territoriales ni respetar los mecanismos democráticos internos.

Uno de los pasajes más duros del comunicado señaló que “ninguno de los distritos ni sus representantes electorales fue autorizado a presentar sus respectivas nóminas dentro del espacio”. La bronca se extiende al hecho de que incluso figuras del radicalismo con representación legislativa quedaron afuera de cualquier posibilidad de reelección.

La crítica también se centra en la inclusión de una referente del espacio de Facundo Manes —quien había anunciado públicamente su retiro de la política partidaria— en la lista de candidatos, lo que fue leído como una imposición externa que desconoce la realidad local y la militancia activa.

“Eligieron la mezquindad, cuando hacía falta grandeza”, sentencia el texto en su párrafo final. Allí también se advierte que esta gestión quedará registrada como “una de las páginas más oscuras” del radicalismo bonaerense.

Los dirigentes de la Segunda Sección anunciaron que iniciarán acciones políticas y legales, entre ellas la denuncia pública de los responsables, la promoción de listas paralelas con sello radical donde sea posible, y la evaluación de eventuales delitos electorales. Además, exigieron que se restituyan los mecanismos de funcionamiento de la Convención de la Provincia y que se revierta la situación.

El conflicto abre una fractura importante dentro del radicalismo provincial, en un año en el que el partido intenta reposicionarse frente a nuevos liderazgos y alianzas electorales. Pero la falta de representación local y el clima interno caldeado amenazan con profundizar la crisis.